En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo, desmantelaron un túnel presuntamente destinado a la extracción ilegal de combustible en la comunidad de Santa Catarina, ubicada en Pachuca. Este hallazgo se realizó el 7 de septiembre de 2026, y representa un esfuerzo significativo en la lucha contra el huachicol en la región, que ha visto un incremento en este tipo de actividades delictivas.
Las investigaciones iniciales revelaron que el acceso al túnel se encontraba oculto en el baño de uno de los dos locales comerciales arrendados a una mujer de 85 años. Los delincuentes habían llevado a cabo una perforación en la estructura del inmueble con el fin de conectar el pasadizo subterráneo a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se hallan en la parte trasera de la propiedad, desde donde planeaban realizar la extracción de hidrocarburos de manera clandestina.
El túnel, que medía aproximadamente 8.90 metros de longitud y 2.40 metros de altura, contaba con un acceso de 80 por 80 centímetros. La acción de las autoridades no solo permitió la destrucción del pasadizo, sino que también evitó que esta actividad representara un riesgo significativo para la seguridad de la comunidad. Este tipo de intervenciones se han vuelto comunes, dado el aumento de operaciones de este tipo en el estado.
A pesar de la exitosa operación, la situación para la propietaria del local se complica. La mujer ahora enfrenta un proceso legal que podría poner en riesgo su patrimonio. Según allegados, ella arrendó los locales sin tener conocimiento de las actividades ilícitas que realizaban sus inquilinos ni del túnel excavado en su propiedad. Actualmente, busca demostrar ante las autoridades que no participó ni tuvo conocimiento del supuesto robo de combustible.
Desde junio hasta agosto de este año, se han desmantelado un total de 16 túneles en diversos municipios de Hidalgo. La FGR continúa implementando estrategias para combatir el huachicol, con la esperanza de reducir estas prácticas delictivas que afectan tanto a la industria energética como a la seguridad de las comunidades locales. La lucha contra el robo de combustible sigue siendo una prioridad en la agenda de seguridad nacional.
