La reciente depuración del Padrón Estatal de Proveedores de Hidalgo ha resultado en la baja de más de 4 mil empresas, un proceso inédito motivado por la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público estatal. Esta revisión profunda, calificada por autoridades como la más exhaustiva de los últimos años, no solo significó la actualización de datos administrativos de las compañías inscritas, sino que también implicó inspecciones físicas, revisiones sobre la integridad empresarial, verificaciones fiscales y una búsqueda sistemática de posibles conflictos de interés. El objetivo declarado por la Secretaría de Contraloría fue asegurar que solo permanezcan en el padrón empresas con existencia real y capacidad comprobada para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas ante el gobierno estatal.
Según explicó Álvaro Bardales, secretario de Contraloría de Hidalgo, la reforma de diciembre de 2025 obligó a todas las empresas registradas en el padrón a refrendar su inscripción, presentando documentación renovada y comprobando su operación efectiva. Este procedimiento incluyó, por primera vez, la verificación física de domicilios, la revisión del giro comercial, la búsqueda de coincidencias en representantes legales y socios, y el análisis de situaciones fiscales ante el SAT. Al cierre del plazo legal, el pasado 15 de junio, más de la mitad de los 8 mil 440 registros originales no lograron acreditar los nuevos requisitos, lo que derivó en su baja automática del padrón, en un esfuerzo por erradicar prácticas como la simulación de competencia, la existencia de empresas fantasma y los denominados “proveedores golondrina”.
La Contraloría detalló que para conservar la inscripción fue necesario demostrar la existencia de instalaciones, la afiliación de trabajadores al IMSS, la capacidad administrativa y financiera suficiente, así como la solvencia fiscal y la inexistencia de conflictos de interés vinculados a servidores públicos. Además, en el caso de empresas foráneas, debían acreditar su capacidad operativa real en el territorio hidalguense. La revisión reveló casos como el de proveedores que compartían domicilio o representante legal, y situaciones en las que empresas radicadas en estados lejanos pretendían ejecutar contratos de obra en zonas remotas de Hidalgo, sin justificación logística o financiera viable. Tales hallazgos fueron considerados alertas de posibles irregularidades y llevaron a la cancelación masiva de registros.
Las consecuencias de este proceso no se limitaron al ámbito administrativo. La Secretaría de Contraloría informó que, hasta el momento, se han presentado al menos 15 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra empresas relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos o la no realización de obras y servicios adjudicados. Las faltas detectadas van desde la simulación de servicios y caminos no ejecutados, hasta el incumplimiento en la limpieza de presas y otras obras públicas. Además, durante el mes de junio, tres empresas adicionales fueron dadas de baja e inhabilitadas por periodos de cinco y seis años, reflejando que la depuración y el castigo a proveedores irregulares es un proceso en curso y de vigilancia constante.
El gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Contraloría, subrayó que la depuración del padrón no es una medida aislada, sino el inicio de un modelo de supervisión permanente. Con la nueva legislación, el objetivo es consolidar un padrón estatal compuesto solo por empresas verificables, localizables y con capacidad comprobada, eliminando los espacios para la corrupción y la simulación que por años dificultaron el control del gasto público. La supervisión se mantendrá activa, con la advertencia de que ningún proveedor, incluso los actualmente inscritos, está exento de futuras revisiones o de ser sujeto a sanciones si se detectan nuevas irregularidades, con la intención de fortalecer la transparencia y la integridad en la contratación pública estatal.
